A solo un par de semanas de dejar la presidencia de Estados Unidos, George W. Bush decidió proteger más de 500 mil km² en zonas oceánicas cercanas a islas como Hawai. Independiente del juicio que uno pueda tener sobre su administración –que no me cabe duda que merece un alto grado de reproche en numerosas materias– una medida de esta naturaleza va en la dirección correcta y constituye un legado que perfectamente podría ser imitado en Chile por la Presidenta Bachelet en su último año de mandato. Nuestro país tiene una gran deuda con la protección de sus mares, particularmente porque el manejo de la actividad pesquera y la normativa que aplicable a ella es deficiente. Las cuotas de pesca están frecuentemente sobreestimadas, provocando preocupantes niveles de sobreexplotación de varias pesquerías. Los métodos de pesca usados en Chile son poco selectivos, es decir, capturan incidentalmente una gran cantidad de especies distintas a la especie objetivo de la pesca, que luego son descartadas y arrojadas de vuelta al mar, muertas o moribundas. Además, artes de pesca como las redes de arrastre provocan graves daños al fondo marino, destruyendo hábitats fundamentales para la regeneración de la vida marina y para la sostenibilidad de importantes stocks pesqueros. Este último punto nos debe preocupar especialmente. En Chile, importantes ecosistemas como montes submarinos, corales de agua fría, cañones submarinos, entre otros, se ubican a lo largo de nuestra zona económica exclusiva y han sido denominados por la ONU como Ecosistemas Marinos Vulnerables, dada su alta sensibilidad a las perturbaciones provenientes de actividades humanas como la pesca. El uso de artes de pesca destructivas, como la pesca de arrastre de fondo, constituye una seria amenaza para la conservación de ecosistemas marinos vulnerables y, por lo tanto, su uso no debería estar autorizado en estos lugares.
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